Mientras los expertos que siguen la causa judicial entre Argentina y los holdouts en Nueva York auguran un inminente fallo perjudicial para el país, el Gobierno comenzó a delinear alternativas a seguir ante un revés en el tribunal y una eventual negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a tomar el caso.
Por Esteban Rafele
Sin embargo, entienden funcionarios y abogados, los tiempos procesales estirarían las consecuencias de un posible fallo negativo al menos hasta el año próximo, lo que da tiempo al Gobierno a diseñar herramientas financieras para proteger los pagos de la deuda regularizada de un potencial embargo judicial como el que dictó el juez de primera instancia Thomas Griesa. El magistrado consideró que Argentina debe pagar el 100% de los u$s 1.330 millones que reclama el fondo NML Capital, de Paul Singer, de una vez y ordenó al Banco de Nueva York y los agentes de clearing encargados de transitar los pagos de la deuda reestructurada retener esa cantidad si el Gobierno no paga la sentencia.
Los expertos que entienden los tiempos judiciales estadounidenses se inclinan cada vez más por esperar un fallo contrario al país. En el escenario de máxima, la Corte de Apelaciones mantendría la sentencia de Griesa sin cambios. Otra posibilidad es que obligue a pagar el 100% de la sentencia, pero quite el peso sobre el BONY y los otros agentes pagadores. Esto condenaría al país, pero no asegurará el pago a los fondos buitre. Argentina ya avisó que no cumplirá con un dictamen de ese tipo.
Una de las posibilidades que podría manejar el Gobierno es la de diagramar una opción similar a la empleada cuando un tribunal de Ghana embargó la Fragata Libertad: buscar cambiar la jurisdicción del litigio y acudir a un tribunal internacional. En este caso, la Argentina se sometió a la ley y los tribunales neoyorquinos de manera voluntaria, lo que dificultaría esa alternativa.
En paralelo, el viernes comenzaron a jugar los tiempos de la Corte Suprema para decidir si toma o no el caso. Ese día venció el plazo para que los terceros interesados presenten escritos como amigos de la causa o amicus curiae. Apoyaron a Argentina el gobierno de Francia, los bonistas que reestructuraron deuda agrupados en el Exchange Bonholder Group, los Euro Bonholders y el fondo Fintech y la Caja de Valores.
En sus escritos, los bonistas entendieron que la orden de Griesa se trata de “una violación sin precedentes” de la Ley de Inmunidad Soberana estadounidense, una ley federal que obligaría a la Corte Suprema a actuar. La Caja de Valores consideró que el fallo llevaría a la “disrupción del mercado de bonos internacionales y del sistema de pagos”. Si bien el gobierno de Estados Unidos no presentó un escrito, deberá actuar ante el requerimiento de la Corte Suprema más adelante.
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