"El Negocio de los Derechos Humanos", por Luis Gasulla (Editorial Sudamericana, 400 páginas) cuenta acerca de "humildes estafados, progres engañados, trampas y corrupción: los verdaderos sueños compartidos entre el Gobierno y las organizaciones de DDHH". En un capítulo avanza cómo fue que Néstor Kirchner decidió incorporar a su agenda el reclamo de Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, y el rol de los ex aliados Alberto Fernández y Vilma Ibarra en todo ese entuerto:
Quien controla el pasado, controla el futuro.
Quien controla el presente, controla el pasado.
George Orwell
Una de las batallas simbólicas ganadas por el oficialismo ha sido la instalación del relato de que los Kirchner llegaron al poder para pedir perdón a una generación por los pecados cometidos por la democracia argentina desde 1983 a la fecha. En la historia oficial, el hijo mayor de Estela Carlotto es el héroe de la batalla por la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Sin embargo, otra es la versión que cuentan los protagonistas de esas jornadas maratónicas en el Congreso Nacional que concluyeron con el triunfo simbólico de la bandera de los derechos humanos.
Años más tarde, en su despacho lindante al Congreso Nacional, le recuerdo a Remo Carlotto que ese proyecto pertenecía a la diputada de izquierda Patricia Walsh. Carlotto no lo niega, pero afirma que lo importante fue la voluntad política del Gobienro y defiende la política del "entrismo" diciendo que "los mejores cuadros de ls organismos de derechos humanos debíamos pertenecer a un gobierno que venía a cambiar la historia".
La historia oculta comenzó en 1994 cuando, tras el Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, se reformó la Constitución Nacional. Una de las modificaciones sustanciales, para la lucha por la verdad y la justicia, fue establecer jerarquía constitucional a los pactos y tratados intrnacionales en materia de Derechos Humanos. Una parte del gobierno menemista no quería que se sancionara esa norma y hasta el propio Presidente había ordenado que se levantara la votación. Fue el ex diputado Miguel ángel Pierri quien la posibilitó.
En 1997, con la aparición de lo que sería la Alianza, el diputado Juan Pablo Cafiero intentó impulsar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final pero no encontró eco entre los congresales.
Gracias a la norma que garantizaba la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada de las personas, el juez español Baltasar Garzón investigó y pidió la extradición de militares argentinos y se reabrieron causas emblemáticas. Madres Línea Fundadora, desde Nora Cortiñas a Taty Almeida, estuvieron atentas y acompañaron los distintos proyectos desde mediados de los noventa. Otros organismos, como las Madres de Hebe de Bonafini, estaban en otra cosa y no creían que algo bueno pudiese nacer por la vía parlamentaria.
Durante los noventa, algunos organismos de derechos humanos mantenían contactos cada vez más asiduos con grupos armados de América Latina, como las FARC, y también con agrupaciones extremistas locales como Quebracho. De hecho, Schocklender fue el abogado que defendió a Fernando Esteche, uno de los fundadores de Quebracho, por una causa de tenencia de armas de guerra. El autoritaritarismo de Hebe, en aquellos tiempos, acompañada y guiada por Sergio, era extremo. Un hombre muy cercano a Abuelas de Plaza de Mayo asegura que muchas madres que querían conocer el destino de sus hijos desaparecidos, y también averiguar si durante el cautiverio sus hijas habían sido madres, se acercaron a Abuelas a dejar una muestra de sangre en el Banco de Datos Genético. Lo hacían con miedo, suplicando silencio, rogando que Hebe no se enterara.
En las elecciones de 2003, los únicos partidos que en sus plataformas electorales mencionaban la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final eran el ARI y la Izquierda Unida de Patricia Walsh. En la génesis de lo que sería la discusión por los derechos humanos en el Congreso Nacional, el Partido Justicialista, exceptuando al diputado Gerardo Conte Grand, no le interesaba el debate sobre los tratados internacionales en esa materia, ni el análisis de modificaciones en la legislación sobre cuestiones como la eutanasia o el aborto.
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