Con un fardo de deuda a cuestas por 14 mil 393 millones de pesos; reducida su plantilla laboral de 11 mil a mil 300 trabajadores; imposibilitada de cumplir a cabalidad contratos pendientes con Petróleos Mexicanos y sin posibilidad de nuevos, Oceanografía se enfila velozmente a la quiebra.
Se estima que en las próximas semanas el juez del concurso mercantil al que se le emplazó, Felipe Consuelo Soto, haga la declaración formal para proceder al remate de sus escasos activos.
El punto final del escándalo, sin embargo, llegará cuando están aún enredados algunos puntos del caso, por ejemplo la extradición del acusado de ser el cerebro de la maquinación financiera contra Banamex, Martín Díaz Álvarez; la aprehensión de 11 funcionarios del banco, protegidos por amparos, y la participación de funcionarios de Pemex en el aval de un préstamo de 587 millones de dólares.
Fundada en Ciudad del Carmen, Campeche, en mayo de 1968 por Amado Yáñez como Consultores y Contratistas de Oceanografía, la empresa proveedora de Pemex entró al ojo del huracán en febrero del año pasado cuando la Secretaría de la Función Pública la suspendió por dos años como proveedora del gobierno federal por haber enterado incompleto el monto de fianzas por contratos recibidos.
El asunto alertó a Banamex de la posibilidad de incumplimiento, encontrándose con la novedad de que los créditos de factoraje otorgados con aval de facturas por cobrar de la exempresa pública habían sido respaldados en parte por documentos falsos.
La denuncia pública desencadenó el infierno.
De pronto, resultó que la firma en cuya presentación presumía de un capital de dos mil millones de dólares, cuyo punto de arranque era la propiedad de 80 barcos… los tenía rentados.
De pronto resultó que la empresa que tres meses antes había empezado a retrasar el pago de sueldos a sus trabajadores, había omitido desde hacía dos años el pago de impuestos retenidos a éstos, además de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El adeudo era de 900 millones de pesos.
De pronto resultó que las ganancias de la empresa se habían desviado para adquirir los equipos "Gallos Blancos" de Querétaro y "Delfines" de Ciudad del Carmen, además de iniciar una participación en el negocio financiero vía la Caja de Ahorros Libertad, en la mira de convertirla en banco.
De pronto resultó que los barcos de la compañía, propiedad en realidad de empresas arrendadoras extranjeras, realizaban labores de cabotaje prohibidas por la Ley, por más que llevaran bandera mexicana.
La paradoja del caso es que nadie se había dado cuenta.
Tampoco nadie se dio cuenta cuando los principales barcos de la compañía, Osa Goliath y Caballo Marango, abandonaron aguas nacionales al reclamo de dos empresas: Coastine Maritime y Shanara Maritime International.
El hecho es que, colocada en un concurso mercantil, la empresa, entregada la operación al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, no ha podido cumplir dos contratos pendientes con Pemex, uno de los cuales planteaba la construcción de un ducto submarino en la Sonda de Campeche, y el otro al mantenimiento de dos plataformas marinas.
Y aunque el juez de la quiebra ordenó que se le levantara la suspensión, hete aquí que Pemex no está pactando nuevos contratos.
Y aunque se abrió la posibilidad de seguir utilizando los barcos arrendados, los arrendadores se opusieron de inmediato.
Los caminos, pues, están cerrados, aunque no la sospecha de que la firma que intentó adquirir la familia Alemán, cayó en una celada.
BALANCE GENERAL
Colocado voluntariamente en la mesa un depósito de dos mil millones de dólares para constituir un fondo para tareas de remediación, en afán de eludir una demanda de la Procuraduría Federal para Protección del Medio Ambiente, ahora resulta que siempre sí el Grupo Minero México de Germán Larrea Mota Velasco tendrá que ir a los tribunales.
El asunto, naturalmente, se relaciona con el derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico al río Bacanuchi, afluente del Sonora, provocado por su filial Buenavista del Cobre.
La juez federal Emma Gaspar Santana acaba de darle entrada a una acción colectiva promovida por una asociación civil en reclamo de reparación de los daños.
La querella, promovida por los abogados Luis Manuel Pérez de Acha y David Álvarez, plantea que si la remediación fuera insuficiente, la empresa debe indemnizar a los afectados.
La Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios que encabeza Mikel Arreola había señalado semanas antes que el agua estaba ya apta para el consumo humano.
COLUSIÓN AÉREA
Aunque no se especifican los cargos, la Comisión Federal de Competencia Económica abrió una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas, el pecado máximo previsto por la Ley, en el mercado de transporte aéreo y carga.
La pesquisa apunta a una colusión de las firmas aéreas que ofrecen servicio nacional, es decir, acuerdos para no hacerse daño.
Aunque en el mercado existen siete empresas, la parte nodal la mantienen Aeroméxico, Interjet y Volaris.
LIBANESES EN LA COLA
En las últimas semanas se ha multiplicado el número de méxico-libaneses que acuden a la embajada del país oriental en México.
La mayoría de los participantes en la "cola" son empresarios.
La razón es simple: Están tramitando que se les otorgue la nacionalidad en afán de eludir la carga fiscal en el país, a pretexto de evitar la doble tributación.
México no tiene un convenio en la materia con Líbano.
OTROS 600
En la poda de personal que realiza Petróleos Mexicanos a la vera del recorte presupuestario que le impuso el Gobierno, se acaba de forzar a la jubilación a 600 trabajadores de la refinería Antonio M. Anza.
Todos ellos tenían una u otra causales: Habían cumplido 55 años de edad o acumulaban 35 de servicio.
Anteriormente se había jubilado a otros 600 de la refinería de Salamanca.
De acuerdo al contrato colectivo, las plazas las ocuparían familiares directos de los que serán pensionados. Sin embargo, éstos se quedarán vacíos.
REGRESA GUTSA
Acusada de incumplir trabajos de mantenimiento de la autopista México-Acapulco, lo que derivó en una inhabilitación temporal para recibir contratos públicos, una filial de Gutsa Constructores acaba de ganar un contrato para ampliar un libramiento de 14.8 kilómetros para Cuernavaca.... en la misma carretera.
Estamos hablando de Epccor, cuyo capital lo mantienen José Miguel, Juan Diego e Ignacio Gutiérrez Sainz, hijos del principal accionista de Gutsa, Juan Diego Gutiérrez Cortina.
El contrato de 78 millones de dólares lo ganó la firma en alianza con la española Construcciones Aldesem.
CRECE ARABELLA
Propiedad del fondo Carlyle y administrada por EMX Capital, la empresa de venta directa Arabella logró incrementar en 81.1 por ciento sus utilidades en el primer trimestre del año.
Sus ventas, a su vez, crecieron en 23.3 por ciento.
La empresa que ofrece tres mil 500 productos bajo 12 categorías, inició desde el 2008 su expansión a Centroamérica, concretamente Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Albertobarrancochavarria0@gmail.com
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