Puede ser la primera señal de un problema que en la economía argentina tendrán que enfrentar cada vez más compañías, afectadas ahora ya por varios frentes: la caída de la actividad, el aumento de costos y de impuestos, y una regulación oficial que, curiosamente en este contexto, se exacerbó en algunos sectores.
Precisamente frente a ese cuadro de situación la OEA convocó a una “reunión extraordinaria” de su consejo permanente luego de la solicitud del gobierno argentino para informar sobre la restructuración de la deuda en el marco del litigio contra los fondos buitre.
Según informó la OEA en su página web, el gobierno argentino solicitó una reunión de consulta mañana a las 10 con los ministros exteriores de cada país.
El cónclave fue convocado para considerar el tema “restructuración de la deuda soberana: el caso de Argentina y sus consecuencias sistémicas”, sobre el que informarán el canciller Héctor Timerman y el ministro de Economía, Axel Kicillof.
Dos escenarios
El jueves, los inversores se preocuparon por novedades que llegaron a la Bolsa: la metalúrgica Pescarmona anunció que, por cuestiones “administrativas”, no pagaría en fecha los vencimientos de intereses y de capital de dos bonos que emitió hace ya un año y medio; y la tarjeta de crédito santafesina Nexo Emprendimientos reveló que se encuentra en cesación de pagos por no haber podido cumplir con la Obligación Negociable que ya venció el 4 de junio pasado y que frente a esto decidió promover la convocatoria de acreedores para hacer frente al pago. Sin dudas que este anticipo dejará un antecedente muy preocupante para el conjunto de la economía, en un momento en que la Argentina se encuentra precisamente al borde del default.
“Puede ser la punta del iceberg de un problema mayor. Habría que analizar cómo siguen estas mismas compañías y especialmente los problemas administrativos que aduce Pescarmona”, comentó un operador bursátil. A la metalúrgica le vencían intereses y capital por un bono en pesos de $ 42 millones y otro dollar linked de US$ 23 millones que emitió a fin de 2012.
En los últimos pagos trimestrales, de fines de marzo pasado, desembolsó unos US$ 5 millones en concepto de amortización y entre US$ 100.000 y US$ 400.000 por intereses.
La información, que podría ser considerada positiva destaca que a partir del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que obliga al país a pagarles a los holdouts, la mayoría de los argentinos se mostró a favor de cumplir con la demanda de los fondos buitre, aunque la consideró “excesiva”.
Los datos fueron revelados por Poliarquía, quien realizó una encuesta para conocer las percepciones de la sociedad.
Además, un mayor porcentaje de consultados evaluó en forma positiva el tratamiento que se le dio al tema de la deuda externa durante el gobierno de Néstor Kirchner respecto de las políticas que instrumentó su sucesora, la presidenta Cristina Kirchner.
Consultados sobre la actitud que debiera tomar el Gobierno frente al fallo, un 65% se expresó a favor de pagar la deuda frente a un 21% que indicó que el Gobierno debería negarse a pagar, y un 14% restante que prefirió no contestar, tal como publica el diario La Nación.
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