"En otro país Cristina sería ejecutada"



¿Qué países aplican la pena de muerte por corrupción?




El tema de la pena de muerte siempre resulta controversial. Su defensa es una posición cada vez más desacreditada y pierde terreno en la política contemporánea, a excepción de países con regímenes particularmente involucrados con la represión y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, en una rueda de prensa reciente, Nicolás Maduro comentó que “a los corruptos habría que fusilarlos, pero la Constitución no lo permite”. Esta afirmación no fue hecha como un comentario legislativo aislado, sino en referencia directa a la detención de directivos del Indepabis acusados de extorsión y crímenes de corrupción.


Tal como se explica en este artículo, en la Grecia Antigua la alimentación dependía de las importaciones de trigo. Esto hacía que los cambios en las condiciones climáticas dispararan los precios. Ante el fenómeno inflacionario, las autoridades decidieron establecer el primer control de precios conocido en Occidente y ningún comerciante podía vender el trigo por encima de esa cifra impuesta. Como los comerciantes continuaron vendiendo el trigo a un precio superior, el gobierno conformó un ejército de inspectores de cereales llamados Sitophylakes, encargados de vigilar que nadie consintiera una fractura del precio impuesto, so pena de muerte. Esto no resolvió el problema, pero sí le dio fin a la vida de muchos.


Uno de los más graves problemas cuando se considera la idea de aplicar la pena de muerte por casos de corrupción o delitos en contra de la Nación es la ambigüedad que resulta natural a esta manera de definir los delitos, sumado a los amplios niveles de politización posibles y la criminalización del pensamiento latente en territorios tan movedizos y peligrosos. Aún así, existen naciones cuya Constitución permite castigar la corrupción y delitos de este tipo con la pena capital. Acá algunos ejemplos:


China. En la República Popular China, la pena de muerte puede ser aplicada a quienes cometan crímenes económicos que no resulten en muerte. Esto incluye cargos por soborno, fraude y malversación de fondos, al igual que un amplio número de ofensas como robo agravado de armamento, falsificación de dinero, complicidad con traficantes y estafa a los recursos del Estado. Los únicos métodos aprobados de ejecución son la aplicación de inyección letal y el ahorcamiento, siendo el último descontinuado en práctica desde el 2010.

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Xu Zongheng y Li Peiying


Entre los casos recientes en China se cuenta la ejecución en agosto de 2009 del anterior jefe del Capital Airports Holding Company (CAH), Li Peiying, acusado de malversar fondos de la compañía y de aceptar sobornos de aproximadamente 26.61 millones de yuanes (en ese entonces unos 3.9 millones de dólares). También figura la condena a muerte en mayo del 2011 de Xu Zongheng, ex alcalde de la ciudad de Shenzhen y culpable de aceptar más de tres millones de euros en sobornos de compañías constructoras. Sin embargo, al momento del juicio Zongheng confesó sus delitos, por lo que la Corte dictó que si en un período de dos años el funcionario mostraba buena conducta, la pena podía ser conmutada a cadena perpetua.


Indonesia. La imposición de la pena máxima en Indonesia cuando se trata de crímenes económicos es muy rara, pero es constitucional. Bajo las leyes del país, sólo los crímenes de alto detrimento económico para el Estado son punibles con la muerte. Sin embargo, en los últimos años varios personeros han hecho llamados de atención desde Jakarta, queriendo aumentar la severidad del castigo a los corruptos.


muerte


Uno de ellos es Mohammad Mahfud, un juez de la Suprema Corte de Indonesia, quien ha afirmado que los mecanismos que batallan la corrupción en el país son muy complacientes con los criminales, dándoles un máximo de tres o cuatro años de prisión, menos que por delitos menores de robo o asalto. Aludiendo al modelo chino, Mahfud pidió en octubre del 2010 la intensificación de las leyes actuales de pena de muerte, argumentando el factor disuasivo que tiene sobre la población. Actualmente, Indonesia ocupa el puesto 118 de 174 países en la encuesta de 2012 de Transparency International, mientras que China, nación ejemplar según Mahfud, ocupa el puesto 80.


Corea del Norte. Bajo las leyes del régimen comunista norcoreano, la pena de muerte es aplicable por fusilamiento o ahorcamiento ante múltiples ofensas: asesinato, actos de terrorismo, robo (hurtar una media bolsa de arroz, por ejemplo, es un crimen que amerita la pena capital), traición y otros delitos, definidos vagamente como “crímenes contra el estado y/o el pueblo”. Estos últimos son los que alarman a grupos como el Human Rights Watch, que divisan en la ambigüedad penal norcoreana una plataforma para perseguir y ejecutar a aquellos que piensen distinto de lo que impone el gobierno.


En este escenario de ambigüedad, los crímenes relacionados con corrupción cobran matices políticos y turbios. Las ejecuciones en Corea del Norte “están caracterizadas por varias formas de aplicación arbitraria, ilegítima e ilegal”, según Speedy Rice, profesor en la Escuela de Deerecho de la Washington & Lee University.


En octubre del 2007, el jefe de una fábrica en el sur de Pyongan fue fusilado en un estadio lleno al ser descubierto haciendo llamadas internacionales desde trece teléfonos instalados en su sótano. Las autoridades argumentaron la necesidad de control y la prevención de crímenes de fraude y tráfico como razones para la ejecución pública. Hubo cuatro casos similares ese mismo año.


En marzo del 2010, el jefe de Planificación y Economía del Partido del Trabajo de Corea, Pak Nam-gi, fue ejecutado por aplicar reformas a la moneda que resultaron desastrosas para la ya débil economía. La condena a quien tuvo la responsabilidad de la devaluación en el país tuvo como parte de sus argumentos que Nam-gi era el “hijo de un burgués” tratando de infiltrarse en la economía norcoreana y sabotearla. Aunque la percepción en el país y en el extranjero fue que hicieron de Nam-gi un chivo expiatorio y que las acusaciones de crímenes económicos fueron infundadas. Pero, aplicada la pena capital, la revisión del caso y la posible reparación es imposible.


Corea del Norte ocupa el puesto 174 en el ya referido estudio internacional de Transparency International, empatado con Afganistán y Somalia por el puesto del país más corrupto del mundo. Venezuela lo sigue de cerca: nuestro país ocupa el puesto 165 y forma parte de los diez con mayor índice de corrupción.