El fallo judicial de la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori es una muestra más de las dificultades que tiene la administración de Mauricio Macri para comprender que el subterráneo no puede ser un negocio privado, sino que debe formar parte de una política de Estado en la que el transporte tiene un rol fundamental.
Los desaguisados que ha hecho Macri, a través de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), con la tarifas de subte indican que, en realidad, el PRO no tiene la menor idea de qué hacer con el transporte. O lo que es peor tienen como único interés ser el facilitador de un nicho de negocio para el clan Roggio, quien detenta el 90,66% de las acciones y el 96,96% de los votos en mesa directiva de Metrovías, según un informe del diputado porteño Rafael Gentili. Apenas se hizo cargo de l subte, Macri autorizó un tarifazo del 127% y cerró durante más de 40 días la línea A con la excusa de incorporar nuevas formaciones. Y finalmente las tarifas quedaron establecidas en $ 5 aumentando de forma descomunal desde diciembre de 2011 cuando el viaje costaba $ 1,10. La principal preocupación de Macri siempre ha sido garantizarle un elevado nivel de rentabilidad a la empresa concesionaria sin medir ningún tipo de consecuencias sobre el impacto del aumento de subtes en los sectores medios y medios bajos que utilizan este medio como principal vía de comunicación. El subterráneo es, sin lugar a dudas, el transporte más eficiente y que menos castiga al medio ambiente pero hoy cuesta el doble que un colectivo y cuatro veces más que el tren, cuyas tarifas mínimas subsidiadas por el Estado Nacional se ubican en los $ 2,50 y $ 1,10 respectivamente. Las subas en los subtes, de la misma manera que ocurre con los taxis porteños, se caracterizan por audiencias públicas de casi nula trasparencia en las que la representación del usuario, quien va a costear los incrementos, resulta insignificante y donde los aumentos se aprueban como un trámite administrativo. Pero hay algo peor que eso: la ausencia de una política más general de Transporte, consensuada con el gobierno bonaerense, para hacer la vida más fácil a millones de usuarios que viajan todos los días de la Ciudad a la provincia y que son los grandes motores del crecimiento del área metropolitana.
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