México, DF.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por 24 votos a favor, uno en contra y una abstención, el dictamen que reforma 14 artículos de la Constitución y que impone nuevas reglas para vigilar los recursos públicos, prevenir, combatir y castigar los actos de corrupción que cometan funcionarios y particulares.
De entrada, crean el Sistema Nacional Anticorrupción que coordinará las acciones contra la corrupción. Estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana.
El dictamen fortalece las acciones de la Auditoría Superior de la Federación y le da facultades de presentar denuncias.
Se elimina el principio de anualidad y posterioridad en las auditorías, ahora podrá fiscalizar un día después de terminado un ejercicio fiscal, y revisar el gasto de años anteriores.
“Confianza y credibilidad en las instituciones, eso es lo que busca principalmente esta reforma, una Auditoria Superior de la Federación mucho más fortalecida, una Auditoria que el primero de enero de 2016 va a empezar a revisar el ejercicio de 2015, que en este momento transcurre”, señaló Héctor Gutiérrez de la Garza.
Además auditará a los organismos autónomos, fideicomisos públicos y privados que manejen recursos federales.
“También podrá auditar aquellos recursos que se ejercen en estados y municipios y que hoy en día siguen siendo uno de los espacios en los cuales se presenta mayor opacidad, menor transparencia y rendición de cuentas y en consecuencia mayor corrupción”, apuntó Fernando Rodríguez Doval.
Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de conflicto de interés.
Se establece que la prescripción de los delitos será a los 7 años.
Las reformas que dan paso al Sistema Nacional Anticorrupción crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que impondrá sanciones a servidores públicos federales y estatales, así como a particulares.
“A los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito se le puede seguir el procedimiento civil de extinción de dominio, el cual es independiente de la responsabilidad penal del delito cometido. Ahora, se podrán imponer sanciones a los particulares vinculados con actos de corrupción, mismas que consisten en: Inhabilitación para participar en adquisiciones, disolución o intervención de la empresa, la obligación de reparara los daños al erario”, comentó Julio César Moreno, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se prevé que el secretario de la Función sea nombrado a propuesta del presidente de la República y ratificado por el Senado, en tanto que la Cámara de Diputados designará a los contralores de los órganos autónomos.
Este jueves, el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción en el país se someterá a votación del pleno de la Cámara de Diputados.
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